La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una declaración por la que rechaza la nueva legislación europea sobre inmigrantes ilegales. Advierte que la aplicación de la normativa en el 2010 obligará a Paraguay a la nacionalización de las empresas europeas o de capital europeo que están en el país.
Sobre tablas y por unanimidad, la Cámara de Diputados probó ayer una declaración que rechaza enérgicamente la nueva legislación europea sobre inmigrante ilegales conocida también como directiva de retorno.
Los diputados Héctor Lacognata (PQ), Cándido Aguilera (ANR), Juan Manuel del Puerto (PQ) y Oscar González (PLRA) calificaron la legislación de tremendamente abusiva y atentatoria contra los derechos humanos.
Para el diputado Lacognata, la ley “no hace otra cosa que criminalizar el proceso de migración y esto es lamentable viniendo de Europa, no solo porque revela una incomprensión radical del fenómeno migratorio, sino porque fundamentalmente acentúa las estigmatizaciones de los inmigrantes”.
El texto aprobado finalmente por los diputados rechaza la aprobación de la nueva legislación europea, expresa su solidaridad con los inmigrantes del mundo y en especial con los compatriotas. Además, exhorta al Poder Ejecutivo a que, a través de la Cancillería, agote los trámites por sí o a través del Consejo del Mercado Común del Sur, para exigir una política migratoria, conforme a la Declaración Universal de los DD.HH. de la ONU.
Además, solicita a las representaciones diplomáticas de la República del Paraguay en la Unión Europea la prestación prioritaria de atención a todos los compatriotas afectados por esta nueva situación.
NACIONALIZACIONES
Cuando todo hacía suponer que la declaración terminaría allí, el diputado colorado José Chamorro agregó un nuevo artículo donde se advierte sobre la obligación de que Paraguay nacionalice empresas extranjeras que operan en el Paraguay si es que la directiva de retorno es aplicada en el 2010.
El diputado Del Puerto se opuso a la inclusión del artículo, pero finalmente fue llevado a votación y la mayoría de los legisladores aceptó la incorporación.
Finalmente, se estableció que ante la aplicación de la directiva de retorno en el 2010, Paraguay se vería obligado a nacionalizar las empresas extranjeras que operan en el país.
La copia del texto definitivo todavía no se entregó a la prensa, pero llamó la atención la ligereza del último artículo.
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